La Justicia falló a favor de cinco clientes de planes de autoahorro

Por Leonardo Kram

Los juzgados civiles N°1 y N°3 dieron lugar a medidas cautelares en favor de cinco clientes de planes de autoahorro. Entre los beneficios que obtuvieron mientras se desarrollen los juicios, se ordenó retrotraer el valor de las cuotas al momento de un “desequilibrio económico”, en un caso particular hasta noviembre del año pasado y por el otro frenar cualquier proceso de ejecución prendaria, que es cuando se secuestran los vehículos ante la falta de pago. Las medidas fueron emitidas en distintas fechas del mes pasado.

Los casos fueron llevados adelante por las abogadas Erica Pucciarelli y Victoria Villegas, que llevan reclamos por los planes de ahorro en conjunto. En estas instancias llevan al menos 10 litigios, en distintos juzgados de la primera circunscripción.

En resumen los planes tienen dentro de sus condiciones sostener un valor móvil de la unidad que adquiere el cliente, a medida que este paga sus cuotas. La inestabilidad de la economía que el país atraviesa hace años convirtió la posibilidad de adquirir un vehículo en cómodas cuotas en un arma de doble filo, ya que los valores de los autos se disparan constantemente.

Esto provocó el incremento excesivo de los débitos mensuales y ante la imposibilidad de afrontarlas, muchos usuarios entraron en mora y hasta secuestraron sus vehículos. La vía judicial particular es la forma que buscan para preservar su vehículo y renegociar las condiciones de contrato.

En algunos de los casos que tienen a cargo, los montos mensuales llegaron a superar los $400.000 “Habíamos iniciado demandas donde solicitamos que se readecuara o se ajustara un poco el valor de la cuota porque se dispararon a casi el doble, el triple, en lo que va de noviembre a la actualidad y en donde, en su mayoría, el valor empezó superar más del 50 por ciento del sueldo de la persona”, detalló  Villegas a El Chorrillero.

Las cuotas ahora deberán reajustarse en base a la tasa de interés conocida como “activa” del Banco Nación. En uno de los casos incluso lograron un tope de débito por parte de los planes de un 20% del salario del usuario afectado. Al tratarse de juicios en curso, las letradas no pueden dar mayores detalles de cuáles son las compañías demandadas ni sus clientes.

“Así no será en función de lo que la fábrica disponga de cuánto va a valer el auto mes a mes. Cuando el valor del vehículo pasa de $10 millones a $20 millones ahí es donde se dispara el doble. Los jueces vieron que la fábrica es un tercero en la relación contractual y que al existir ese desequilibrio la persona pueda llegar a perder el auto”, detalló la legista.

“Estamos hablando de autos que son de baja gama. un Polo, de un Fiat Cronos. Si bien los últimos dos últimos meses puede haberse quedado más estable la cuota la volatilidad está a expensas de que un día el valor del auto se dispare. Tampoco va atada ni al dólar ni a la inflación porque en los últimos meses han estado un poco más estables y en ese periodo se disparó la cuota”, argumentó.

“Las medidas cautelares lo que tienen es que sí se pueden apelar pero hasta que la cámara no resuelva lo contrario la medida cautelar se tiene que cumplir”, advirtió.

Pucciarelli, la otra abogada, explicó que los casos de los que lograron las cautelares retrotraen los valores de las cuotas en el momento que se produjo el “desequilibrio económico” en los clientes. “Hay casos en los que hemos logrado que sea noviembre y diciembre, se trata de empleados públicos en los que coincidió el desdoblamiento de sueldos”, detalló. En otros se retrotrajo a febrero y abril. A uno de sus representados llegaron a debitar un 80% del sueldo.

Respecto a las deudas que han acumulado en el último año estos clientes “se va reimputar al pago de cuotas futuras en la mayoría de los casos”

“Estas son medidas cautelares, o sea que no es una sentencia definitiva, pero desde luego que sienta un precedente y sería bueno que los demás jueces compartan el criterio”, remarcó Pucciarelli.

La abogada explicó también el alcance de la otra acción dentro de la medida cautelar, que establece la suspensión de las ejecuciones prendarias mientras dure el juicio. “El contrato de adhesión que firman, habilita a la administradora, a partir de la segunda o tercera cuota, realice el secuestro prendario, que inmediatamente secuestre el vehículo”, puntualizó.

“Nosotros lo que pedimos es que el juez ordene la prohibición de realizar el secuestro. Se nos ha hecho lugar a esa medida, durante todo el proceso, a diferencia de años anteriores, que los jueces disponían que la prohibición de secuestro fuera durante un año, hemos logrado que sea durante todo el juicio. Y esto es un muy buen precedente porque le da tranquilidad a la persona que mientras estemos litigando, se quede con el vehículo. Se trata de personas que lo utilizan para viajes en familia, no es un uso comercial”, consideró.

Pucciarelli concluyó enumerando, a consideración de su criterio y el de su colega, los derechos vulnerados en los planes de autoahorro.

“La ley en que estas administradoras justifican el inicio del proceso es una ley de 1962. Y no solamente estamos hablando de una ley de hace 60 años, si no que han habido leyes en favor del consumidor donde hablan del derecho a la información. Y este es vulnerado porque a las personas no se les da ninguna información respecto al contrato de adhesión que firman. Hay varías de sus cláusulas que no se les informan, son muy técnicas y no se les explica a las personas que firman”, argumentó.

“También hay derechos constitucionales que se ven afectados, es un aprovechamiento de la situación de necesidad de esta persona, que necesita un vehículo, un bien elemental de uso personal, para poder acceder a un préstamo para un primer auto cero kilómetro. Es una persona física que está en lucha contra todo un grupo empresarial monstruoso que tiene conocimiento, conocimiento que es herramienta y que el consumidor no lo tiene”, dijo por último.